Entrevista a Rocío Ingelmo, Directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis
“Con el contrabando de tabaco, mucho dinero acaba en el bolsillo de unos pocos”
Rocío Ingelmo es una de las abanderadas en España en la lucha contra el contrabando de tabaco desde su cargo como directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, la principal tabaquera del país. Ingelmo incide en los aspectos sociales del contrabando y, sobre todo, en los efectos negativos para la economía. Es Inspectora de Hacienda del Estado e Interventora y Auditora de cuentas del Estado en excedencia. La entrevista se realizó en La Línea, a apenas unos metros de Gibraltar, foco de donde procede el 40% del tabaco de contrabando que se consume en España.
–El contrabando de tabaco es casi tan antiguo como su consumo. ¿Qué papel desarrolla Altadis para combatirlo?
–Altadis hace años que decidió dar la cara contra el contrabando. Colaboramos estrechamente con las fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria. Lanzamos una aplicación para móviles llamada No contrabando que recibe denuncias anónimas de puntos ilegales de venta que registra mensualmente un centenar de denuncias. Algunas han dado pie a aprehensiones significativas.
–¿Cómo perjudica a una economía y a una sociedad el consumo de tabaco de contrabando?
–Perjudica a toda la cadena de labor, pero especialmente a los expendedores. La Línea tiene solo tres estancos, por ejemplo. El daño inmediato es la pérdida de impuestos para el Estado y la comunidad autónoma. A las fuerzas de seguridad no se les puede pedir más esfuerzo en la represión. Hace falta una inyección económica para que en ciudades como La Línea la gente tenga una alternativa a pasar tabaco para ganar dinero.
–¿Existe una tolerancia social hacia el consumo de tabaco de contrabando, o incluso rebeldía hacia los impuestos?
–Sin lugar a dudas, sí. El 80% del precio del tabaco son impuestos y no pagarlos se ve como un gesto de rebeldía. Pero mucha gente no aprecia que un tabaco que en un mercado vale 2,50 euros llega al mercado ilícito encarecido, por ejemplo, a 3,25 y reduce la diferencia inicial del 35 al 10%. Mucho dinero acaba en manos de unos pocos en lugar de en el Estado. Esos Robin Hood que creen que perjudican a la Hacienda, perjudican a todos. Si se recaudan menos impuestos, habrá menos carreteras.
–¿En qué situación se encuentra este fenómeno en Andalucía?
–Andalucía ha tenido épocas con casi el 45% de tabaco de contrabando, en lo más duro de la crisis a finales de 2014. El primer semestre de 2018 refleja una bajada de quince puntos, con el 30,4%. La situación ha mejorado por la mayor renta disponible y porque el precio apenas ha variado en tres años. Cuando sube el precio, la motivación para comprar tabaco de contrabando sube.
–En unos meses entrará en vigor el protocolo de la Organización Mundial de la Salud contra el contrabando. ¿Cómo funciona?
–En la Unión Europea, a partir del 20 de mayo de 2019 todas las cajetillas de cigarrillos y picadura deberán llevar un código que permitirá conocer la trazabilidad del producto desde que se fabrica hasta el punto previo al consumidor final. En todo momento se podrá seguir la ruta de una cajetilla de cigarrillos. La directiva aprobada en la UE obliga a todas las fábricas a trazar sus productos también para la exportación, que es lo que ocurre cuando una cajetilla va a Gibraltar, donde en principio la norma no afectaría. Es importante, porque la trazabilidad del tabaco va a llegar a Gibraltar.
–Ya que habla de Gibraltar, el Peñón supone casi el 40% del origen del tabaco que se vende ilegalmente en España e importó el año pasado 72 millones de cajetillas. ¿Es posible apelar a la responsabilidad de las tabaqueras para frenar un abastecimiento a todas luces excesivo para 30.000 habitantes?
–El protocolo de la OMS también contempla el principio de la diligencia debida. Cuando una tabaquera venda a un mercado deberá justificar las cantidades y queda obligada a abastecer de forma racional el mercado de destino.
–Detrás de quien vende tabaco de contrabando en un quiosco o una vivienda hay, generalmente, entramados organizados. ¿Llegan las autoridades hasta el fondo de las mafias?
–Los jueces no son conscientes del mal que hacen los pisos estanco. Conseguir una orden de registro es complicado, agradeceríamos que fueran un poco más receptivos. Cuando la Agencia Tributaria, la Guardia Civil o la Policía Nacional piden acceder a un piso no se hace de forma arbitraria. Las policías locales pueden ayudar a controlar el menudeo.
Fuentes: Diario de Cádiz