Andalucía se convierte en la fábrica de tabaco ilegal del Sur de Europa

En la región se han desarticulado nueve centros clandestinos en siete meses con trabajadores tratados como esclavos.

Naves que parecen abandonadas convertidas en una factoría que genera miles de cigarros al día. El tabaco es un negocio multimillonario con una vertiente clandestina. Altadis, la mayor empresa de España, avisa de que el Estado dejó de recaudar 1.000 millones de euros con el comercio ilegal el año pasado. Andalucía aquí es una potencia. No sólo con el contrabando, donde lugares como Algeciras han llegado a tener el 77 por ciento del mercado con productos fuera de la ley, sino también en la fabricación. La región es la gran productora ilegal del sur de Europa, sobre todo para los mercados británico y francés.

El Informe de Inteligencia sobre la Fabricación Clandestina de Cigarrillos elaborado por Phillip Morris, la mayor tabacalera del mundo, revela que entre 2013 y 2021 se han desmantelado hasta 25 fábricas ilegales en España. Altadis atina más en sus jornadas contra el contrabando al apuntar que, desde enero a julio de 2022, se han clausurado once fábricas clandestinas, más del doble que en el mismo período de 2021. Nueve de ellas estaban en Andalucía.

Los Servicios de Aduanas de la Agencia Tributaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estiman que son más de cinco millones de cigarrillos los que podían producir a diario las factorías irregulares repartidas por la geografía andaluza. Un volumen de producción que iba destinado, según los datos, a los mercados como Reino Unido y Francia, donde el tabaco es más caro. Estos países son, según Altadis, los principales consumidores del tabaco ilegal de fabricación andaluza.

Precisamente a Reino Unido era dónde se enviaban los cigarrillos de las fábricas con un mayor control de sus trabajadores que se han desarticulado en la región. Este mismo mes, en Málaga, la Policía Nacional ha desarticulado una factoría en el Polígono El Viso. La fábrica se pudo hallar gracias al seguimiento a una cuadrilla de trabajadores, que eran cegados con gafas opacas para que no pudieran saber dónde estaba su lugar de trabajo, privados de sus móviles y hasta vigilados con cámaras. Eran recogidos en un camión a horas intempestivas y una vez dentro del vehículo les tapaban los ojos.

Hasta que no entró la Policía no sabían qué se estaba haciendo en aquella nave, dónde se manejaba maquinaria pesada por un grupo de trabajadores de países del Este de Europa. Al entrar descubrieron una importante fábrica de tabaco con 16 toneladas de picadura y más de 6.400 cajetillas listas para su envío a Reino Unido.

Un caso parecido desarticuló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Monda, bajo un picadero de caballos, en el año 2020. En aquella ocasión, los trabajadores llegaban expresamente desde Ucrania para trabajar bajo tierra y sin salir al exterior durante meses en una fábrica subterránea. Su objetivo era replicar una de las marcas más conocidas del mercado británico. Vivían bajo tierra y se dedicaban sólo a producir miles de cigarrillos durante su estancia en España. Era la primera fábrica clandestina de tabaco «underground» de Europa. Desarrollaban una producción en cadena que arrojaba más de 3.500 cigarrillos a la hora a cuatro metros bajo tierra en la sierra. Al borde de la asfixia, los trabajadores operaban en condiciones infrahumanas bajo un picadero de caballos gestionado por dos hijas de uno de los líderes de la mafia, que no fueron arrestadas.

Uno de los puntos calientes de este mercado negro, según han detectado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es el entorno del municipio sevillano de Marchena. Desde esta localidad y unidos a centros de producción en Écija, Bormujos y Lucena, ya en la provincia de Córdoba, se podían llegar a elaborar hasta un millón de cigarrillos diarios. La Policía Nacional liberó a un importante grupo de trabajadores que estaban encerrados en las naves y de dónde tenían prohibido salir.

Las factorías cayeron en enero de este año y eran de una misma organización con cabecillas bielorrusos que ocupaban un chalet de lujo situado en Bormujos. Para ello, la banda, que fue desarticulada por la Policía Nacional en enero de 2021, explotaba a trabajadores que vivían hacinados en habita-ciones sin ventanas.

Llegaban de Ucrania como turistas, aprovechando el trasiego que hay en la Costa del Sol, para luego desplazarse hasta la finca. Eran trabajadores expertos de fábricas de tabaco en los países del Este. Había desde operarios a técnicos o ingenieros, que manejaban la maquinara extraída de fábricas de Polonia o República Checa. Los «curritos» llegaban para sacarse un dinero trabajando un mes enterrados. La recompensa era de 3.000 euros , después de vivir en un zulo que generaba casi 1,5 millones de euros de beneficios mensuales a una banda que distribuía el producto en Reino Unido.

El pasado mes de enero en una antigua granja de pavos se descubrió en la localidad sevillana de Los Corrales una producción de 200.000 cajetillas de tabaco de contrabando de distintas marcas, con un valor, según precio de mercado, de casi un millón de euros, así como otros 340.000 cigarrillos de una conocida marca por un valor de mercado de 80.750 euros. La vieja granja levantó sospechas en el Puesto de la Guardia Civil del pueblo cuando vieron cómo de las cuatro naves salían de forma periódica camiones cisterna de combustible. Era una explotación que no tenía actividad.

En un primer registro, se comprobó que dos de las cuatro naves, con unas dimensiones de mil metros cuadrados cada una, estaban dedicadas a la fabricación de tabaco de contrabando. Una de ellas era la fábrica. La otra era para diferentes procesos para la elaboración y fabricación de las diferentes marcas de tabaco pirateadas. Había tres generadores industriales en otra nave y la cuarta se usaba como vivienda para decenas de personas que trabajaban en la fábrica sin descanso.

Ocho años después van a ser juzgados los miembros de la red que dirigía la mayor fábrica clandestina de tabaco de España, desmantelada por la Guardia Civil en diciembre de 2014 en el municipio de El Castillo de las Guardas, en la comarca de la Sierra Norte. 270 millones de euros es la cantidad global que solicita la Fiscalía de Sevilla como multa a diez de los trece acusados. La investigación fue realizada por el equipo de delincuencia organizada (EDOA) de la unidad orgánica de la Guardia Ci
vil de Sevilla, que descubrió que un grupo organizado de personas de nacionalidad española, salvo dos de origen griego, estaban cometiendo presuntos delitos contra la salud pública.

Dicho grupo había alquilado la finca El Caballero en El Castillo de las Guardas, que por su ubicación, en un lugar apartado y de difícil acceso, convertido en el lugar para laboratorio y almacenaje de sustancias estupefacientes, según señala la Fiscalía en su escrito de calificación, publicado por ABC.

Fuentes: ABC